DERECHO ADMINISTRATIVO, 10

Autor: LOPEZ DE CASTRO GARCIA MORATO LUCIA.
Año: 1997.
Universidad: AUTONOMA DE MADRID.
Centro de lectura: DERECHO.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: DERECHO PUBLICO Y FILOSOFIA JURIDICA PROGRAMA DE DOCTORADO: DERECHO ADMINISTRATIVO.

Resumen: La regulacion del sector electrico es un area nueva del Derecho Publico que está siendo objeto de una transformación profunda. Por ello, la presente tesis doctoral analiza las lineas de evolucion de la configuracion juridica del sector electrico en sus aspectos basicos: concepto de servicio publico, técnicas de organizacion y gestion, y modelo de regulacion. De esta forma, si bien el sector electrico siempre será un sector regulado, se detectan por todo el mundo dos configuraciones jurídicas basicas: por una parte, el modelo "industrial", regulado y cerrado, vigente en España con diversas manifestaciones entre 1944 y 1996, y que es un modelo que desde los años 70 se muestra resistente a la reforma. Por otra parte, el modelo de competencia regulada, abierto, que se adopta en España con la presentación del proyecto de Ley del Sector eléctrico en Junio de 1997, se caracteriza por un nuevo sentido y alcance de la "Regulación para la Competencia", rompiendo plenamente con las categorias tradicionales del derecho administrativo que hoy son inadecuadas para la realidad económica y tecnica del sector.

Autor: MANEIRO VILA ARTURO.
Año: 1997.
Universidad: NAVARRA.
Centro de lectura: COMUNICACION.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: PROYECTOS PERIODISTICOS PROGRAMA DE DOCTORADO: COMUNICACION PUBLICA.

Resumen: Este trabajo de investigación tiene por finalidad analizar la situación jurídica de las televisiones autonómicas en España, en el aspecto concreto de su configuración como concesiones del Estado a las comunidades Autónomas, por medio del Estatuto de la Radio y la Televisión y por la Ley Reguladora del Tercer Canal de Televisión. La concesión es una figura jurídica por la cual una Administración pública gestiona indirectamente un servicio público por medio de una persona natural o jurídica. Sin embargo, la Ley del Tercer Canal convierte a un ente político-administrativo como es una Comunidad Autónoma, en concesionario de una televisión, rompiendo las características propias del denominado régimen concesional. Legalmente es necesario forzar el sistema concesional para que una Comunidad Autónoma encaje en la figura de concesionaria. En la práctica real, una Televisión autónoma no funciona como una concesión del Estado, sino como una televisión de titularidad de la Comunidad Autónoma.

Autor: MARIN FERNANDEZ DE LA PUENTE ANDRES.
Año: 1997.
Universidad: LA LAGUNA.
Centro de lectura: DERECHO.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: DISCIPLINAS JURIDICAS BASICAS PROGRAMA DE DOCTORADO: DISCIPLINAS JURIDICAS BASICAS 1992/1994.

Resumen: El objeto de estudio se sitúa básicamente en la incidencia de la Constitución Española en el procedimiento administrativo sancionador, circunscrito a las sanciones en el ámbito laboral, todo ello incardinado en el aspecto o fase probatoria del procedimiento, clave para la enervación de la presunción de inocencia constitucional que asiste al particular como derecho fundamental. Para encuadrar el objeto de estudio ha sido necesario el tratamiento de dos instituciones básicas como son las presunciones legales en general y el marco de los principios del Derecho punitivo del Estado, en el que se engloban el Derecho Penal y el Derecho Administrativo sancionador, para ver la aplicación de los mismos en ambos subsistemas. El estudio de la presunción de certeza, cuya fundamentación sitúa la jurisprudencia en la objetividad, imparcialidad y especialización que se presume de los agentes que participan en la fase inicial e instructora de los expedientes administrativos (inspectores y controladores laborales), comenzó a partir de un estudio de ambas figuras, centrado básicamente en la evolución de la presunción de certeza que en cada momento reconocía la legislación a cada uno, y su situación actual. Seguidamente se abordó el aspecto objetivo de las actas, sus requisitos, tanto los legales como los que se han denominado de creación jurisprudencial (por haber sido introducidos, como garantías de los ciudadanos, por la jurisprudencia), toda vez que la Ley exige, como contenido indispensable para otorgar o reconocer la presunción de certeza a los mismos, el que cumplan todos los requisitos objetivos que se señalan. Han sido los Tribunales, sobre todo el Tribunal Supremo, el que tras una larga evolución, ha ido creando otros requisitos diferentes a los legales, e igualmente exigibles, para acomodar la figura necesaria de la presunción de certeza a las garantías constitucionales recogidas en el Texto de 1.978, evolución que ha quedado esbozada. Finalmente, estudiada la presunción de certeza a la luz de los elementos subjetivos y objetivos que participan en las actas de inspección, se aborda el intento de resolución o de aportación de luz en el conflicto que se produce entre la presunción legal de certeza como concreción del principio de eficacia administrativa y la presunción de inocencia, ambos principios constitucionales que aparecen enfrentados en el procedimiento sancionador, donde el intento de compatibilización de ambos se hace inevitable; y todo ello, buscando la inevitable comparación con el proceso penal, a la luz de la pacífica doctrina del Tribunal Constitucional sobre la aplicación de los principios del orden penal al Derecho Administrativo sancionador.

Autor: MONTES TORRES ANTONIO.
Año: 1997.
Universidad: GRANADA.
Centro de lectura: DERECHO.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: DERECHO ADMINISTRATIVO PROGRAMA DE DOCTORADO: PROBLEMA DE LA DOGMATICA DEL DERECHO ADMINISTRATIVO Y CIENCIA DE LA ADMINISTRACION.

Resumen: Las cuestiones a exponer son aquellas que mas repercuten e inciden en la seguridad vial; como: A) la velocidad, la alcoholemia y demas drogas ilegales: influencia en la conduccion; instrumentos de deteccion; normativa y doctrina jurisprudencial. B) otros factores productores de accidentes, en relacion con el conductor, vehiculo y soporte vial. C) la formacion vial del ciudadano en general: una demanda social perentoria a incrementar. Necesidad de aumentar la formacion del agente de trafico. Las autoescuelas y centros de reconocimientos. D) las competencias de las distintas administraciones publicas sobre la materia: problematica y confusion que genera.

Autor: MORA ESPINOZA ALVARO ENRIQUE.
Año: 1997.
Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID.
Centro de lectura: DERECHO.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: DERECHO ADMINISTRATIVO PROGRAMA DE DOCTORADO: PROBLEMAS ACTUALES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO.

Resumen: La tesis consiste en un estudio integral, doctrinario, jurisprudencial y legislativo sobre la figura de la inactividad material de la administracion publica. Asimismo analiza los problemas que plantea el control jurisdiccional de la inactividad administrativa. En especial analiza la falta de regulacion normativa y los elementos que configuran la nueva reglamentacion contenida en el proyecto de ley de la jurisdiccion contencioso-administrativa, ofreciendo las propuestas de mejoras y modificaciones pertinentes, para cumplir con el postulado constitucional de una tutela judicial efectiva como lo demanda el art. 24.1 de la Constitucion Española.

Autor: MORENO LOPEZ JUAN LUIS.
Año: 1997.
Universidad: GRANADA.
Centro de lectura: DERECHO.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: DERECHO ADMINISTRATIVO PROGRAMA DE DOCTORADO: PROBLEMA DE LA DOGMATICA DEL DERECHO ADMINISTRATIVO Y CIENCIA DE LA ADMINISTRACION.

Resumen: El autor de esta investigacion ha tratado de poner orden en uno de los temas mas necesitados de tratamiento del derecho urbanistico español, a saber: "las dotaciones publicas". Son varios los terminos que tanto la legislacion, jurisprudencia, y doctrina se utilizan para referirse a esta realidad doctrinal: sistemas generales; sistemas locales; infraestructuras; equipamientos. El autor propone una clarificacion de todos ellos estableciendo una nueva clasificación que aclare todas las dudas, hasta el momento existentes.

Autor: NAVAJAS REBOLLAR MIGUEL.
Año: 1997.
Universidad: OVIEDO.
Centro de lectura: DERECHO.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: DERECHO PUBLICO PROGRAMA DE DOCTORADO: PROBLEMAS FUNDAMENTALES DEL DERECHO PUBLICO EN LA ACTUALIDAD .

Resumen: La presente Tesis Doctoral aborda el estudio de los aspectos centrales del régimen jurídico del sector portuario estatal, para lo cual, a efectos de exposición sistemática, distribuye su contenido en dos partes. En la primera de ellas, se pretende hacer una exposición de la actual organización portuaria en España, centrándose, tras delimitar las competencias entre las diferentes administraciones territoriales en la materia, en el estudio de los Entes que gestionan los puertos de "interés general". En la segunda parte del trabajo, se proceden a abordar las que constituyen verdaderas claves de la reforma organizativa, y que ha constituido lo que se conoce como "privatización portuaria", claves que se centran en la pretensión de flexibilización de los procedimientos de gestión de los servicios portuarios esquivando la utilización de los tradicionales procedimientos de gestión de servicios públicos, todo en aras a la obtención de mayores recursos financieros a través de esta vía.

Autor: OLMEDO GAYA ANA ISABEL.
Año: 1997.
Universidad: GRANADA .
Centro de lectura: DERECHO.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: DERECHO ADMINISTRATIVO PROGRAMA DE DOCTORADO: PROBLEMA DE LA DOGMATICA DEL DERECHO ADMINISTRATIVO Y CIENCIA DE LA ADMINISTRACION .

Resumen: El trabajo de investigación tiene por objetivo principal el estudio desde una perspectiva jurídico-administrativa, del transporte ferroviario. El ferrocarril nace y se desarrolla hasta principios del siglo XX de la mano de compañías privadas que gestionaban y explotaban el servicio ferroviario por medio de concesiones temporales, sin embargo, la crisis económica fruto de una mala política ferroviaria que acompaña a las mismas determina, finalmente, la gran nacionalización ferroviaria. Este esquema evolutivo se reprodujo en la práctica totalidad de los países en los que se puso en funcionamiento este nuevo medio de transporte. En la actualidad la explotación y gestión de las redes ferroviarias europeas está sufriendo el segundo gran cambio de su centenaria historia. El primero se produjo con la cadena de sucesivas nacionalizaciones de mediados de siglo. Hoy se vislumbra un nuevo cambio de rumbo a la tradicional organización ferroviaria: la separación entre la Administración de la infraestructura ferroviaria y la explotación de los servicios de transporte, así como el libre acceso a la infraestructura ferroviaria cuyo tímido inicio la ha marcado la directiva 91/440/CEE. No obstante, la liberalización del ferrocarril no ha hecho sino que comenzar.

Autor: PEMAN GAVIN IGNACIO.
Año: 1997.
Universidad: ALCALA.
Centro de lectura: DERECHO.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: DERECHO PUBLICO.

Resumen: 1.-EL REGIMEN JURIDICO DEL DERECHO SANCIONADOR SE PONE DE MANIFIESTO EN LA AUSENCIA DE CRITERIOS CLAROS Y SEGUROS EN ESTA MATERIA YA QUE SU CONFIGURACION COMO UNA MANIFESTACION DEL "IUS PUNIENDI" DEL ESTADO Y LA CONSIGUIENTE APLICACION DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES BASICOS DERIVADOS DEL ART. 25.1 C.E., POSIBILITO EL DISEÑO DE UN MARCO DE CARACTER GENERAL PERO DEL QUE LOGICAMENTE NO CUPO INFERIR UN REGIMEN JURIDICO COMPLETO. De hecho, la ausencia de unos criterios claros se constataron en el fallido intento que constituyó la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ya que en la medida que pretendió articular una parte general del régimen jurídico del Derecho Sancionador, puso de manifiesto la ausencia de una suficiente elaboración teórica al respecto. La Ley 30/92, recogió las ideas más importantes que durante los años 80 habían formulado la doctrina y el Tribunal Constitucional que a su vez expresó en los principios de reserva de Ley, tipicidad, culpabilidad, responsabilidad solidaria, proporcionalidad, prescripción de las infracciones y sanciones; asimismo definió un conjunto de reglas de carácter procedimental que, seguramente, han constituido la parte que de forma más honda incidieron en nuestro sistema sancionador. La suerte de los principios de carácter sustantivo ha sido desigual. A lo largo del estudio se intentan despejar algunas claves que deben, sustentar el sistema sancionador y que permiten estructurar las diferentes propuestas. Dichas claves se pueden resumir de una forma gráfica en la necesidad de acentuar el carácter convencional del sistema sancionador dentro de unos parámetros que resulten útiles y razonables, la conveniencia de articular un régimen jurídico de mayores matices a partir del reconocimiento del carácter heterogéneo del Derecho Sancionador y la verdadera urgencia de mejorar la armonización de las diferentes técnicas civiles, penales y administrativas que confluyen dentro del complejo entramado que constituye el Derecho Sancionador. A partir, pues, de estas ideas- clave resumo a continuación las propuestas más importantes de las realizadas a lo largo del estudio. 2.-El intento postconstitucional de corregir las deficiencias del sistema desde principios y reglas constitucionales llevó a intensificar el carácter sustantivo del concepto de sanción con el fin de no dejar en manos del legislador la determinación de las sanciones administrativas. Seguramente las dificultades para encontrar un concepto claro de sanción puede explicar la insistencia de la doctrina para aludir a la finalidad de la sanción como elemento diferenciador. Pero también el contenido de determinadas finalidades (retributiva o preventiva) frente a otros fines u objetivos (coercitivos, disuasorios, etc...) encuentra también graves dificultades para explicar de forma clara el carácter sancionatorio de determinadas medidas. Frente a ello cabe replantearse esta cuestión a partir del reconocimiento de un mayor protagonismo al legislador general, de manera que de forma paralela al Código Penal, la Ley defina las medidas que tienen un carácter sancionador de acuerdo con dos criterios: el primero de carácter sustantivo en función de la mayor proximidad de una medida bien al concepto de sanción bien a otra categoría diferente, y cuando una medida pueda responder igualmente a varias categorías, en función del mayor respeto a las garantías del ciudadano; el segundo de carácter formal, en virtud del cual, cuando puedan responder a varias categorías y a través de las dos quepa garantizar igualmente los derechos mínimos del ciudadano, la elección sea en última instancia competencia del legislador. 3.-El carácter heterogéneo del Derecho Sancionador permite establecer un régimen jurídico diferente en función de las diversas situaciones que concurren en el Derecho Sancionador. a)En relación con la reserva de Ley convendría completar la definición de lo que puede o no ser objeto de remisión al Reglamento mediante una visión conjunta de las infracciones y sanciones. b)El carácter heterogéneo cabe predicarlo asimismo del elemento de tipicidad y en concreto del posible empleo de las denominadas cláusulas omnicomprensivas.) c)Por último el elemento de culpabilidad aparece con el mismo carácter heterogéneo). 4.-El Derecho Sancionador se ha debatido entre una doble visión penalista o civilista. El Derecho Sancionador configura un complejo entramado que deriva de su doble condición de potestad administrativa y manifestación del "Ius Puniendi", al que se añade la utilización de diversas técnicas de carácter civil. 5.-El Derecho Sancionador en cuanto potestad administrativa, ha utilizado técnicas propias del Derecho Administrativo tales como la adecuación utilización teleológica de las potestades administrativas o el de proporcionalidad que sirven de cajón de sastre argumental a los Tribunales. La situación normativa es susceptible de una mayor concreción a través de la subdivisión de las sanciones -muy graves, graves, leve...etc.- en tres grados, mínimo, medio y máximo, así como mediante una más clara regulación de las circunstancias atenuantes y agravantes y de las reglas para la aplicación de las mismas. La estructura teórica de la infracción administrativa permite considerar la existencia de unas posibles causas de justificación de la antijuridicidad, tales como el estado de necesidad, cumplimiento de una orden o ejercicio de un derecho. El sistema sancionador se ha asentado durante las últimas décadas en una dualidad de planteamientos: el plano normativo. El jurisprudencial. Efectivamente, la ausencia de un sistema normativo completo ha permitido un amplio margen de discrecionalidad jurisprudencial que ha sido utilizado para llevar a cabo, según hemos comprobado, una aplicación restrictiva del sistema sancionador. El legislador debería definir con claridad los objetivos que desea perseguir ya que únicamente de esta manera cabrá articular la debida adecuación entre metas y medios.

Autor: PEREZ ANDRES ANTONIO ALFONSO.
Año: 1997.
Universidad: SEVILLA.
Centro de lectura: DERECHO.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: DERECHO ADMINISTRATIVO E INTERNACIONAL PUBLICO. PROGRAMA DE DOCTORADO: DERECHO PUBLICO. .

Resumen: La investigación se centra en la moderna función pública de ordenación del territorio en nuestro estado de autonomías integradas. Se han estudiado, en primer lugar, sus orígenes, sus antecedentes, para llegar a la concreción de la concepción actual de la ordenación del territorio desde el punto de vista de nuestra doctrina administrativista. Para terminar la primera parte del trabajo se ha realizado el análisis de esta función pública en el derecho comparado. En la segunda parte del estudio se ha afrontado la delimitación del significado de la ordenación en nuestra constitución de 1978, en el sistema de autonomías que ella diseña. Hemos determinado el ámbito de actuación atribuible a la competencia autonómica de ordenación del territorio; sistematizando también todas las leyes autonómicas de ordenación del territorio dictadas hasta el momento. Igualmente se analiza pormenorizadamente el desarrollo postconstitucional de todas las competencias estatales y locales de incidencia en la conformación del territorio, y sus relaciones con la competencia autonómica de ordenación territorial. Hemos concluido que son necesarios nuevos instrumentos más eficaces que articulen con éxito dichas relaciones.

Autor: PEREZ GUERRA RAUL.
Año: 1997.
Universidad: ALMERIA.
Centro de lectura: DERECHO.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: DERECHO PUBLICO PROGRAMA DE DOCTORADO: PROBLEMA DE LA DOGMATICA DEL DERECHO ADMINISTRATIVO Y CIENCIA DE LA ADMINISTRACION.

Resumen: La tesis doctoral profundiza sobre el regimen jurídico del turismo en general que abarca aspectos tan relevantes como el concepto de turismo, el derecho administrativo turístico como parte especial del derecho administrativo, la organización administrativa turística, a los niveles internacional, comunitario, estatal, autonómico y local, así como las competencias turísticas también en sus diferentes vertientes. Finalmente, y junto a sus meditadas conclusiones se incorporan unos relevantes anexos sobre legislación, jurisprudencia y organigramas.

Autor: PONS CANOVAS FERRAN.
Año: 1997.
Universidad: AUTONOMA DE BARCELONA.
Centro de lectura: DERECHO.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: DE DERECHO PUBLICO Y DE CIENCIAS HISTORICO JURIDICAS PROGRAMA DE DOCTORADO: EN DERECHO COMPARADO.

Resumen: La ordenación del territorio y el urbanismo, disciplinas reservadas en nuestro ordenamiento jurídico a las CCAA y a los municipios, deben centrar su interés sobre las zonas litorales en general, y sobre los puertos en particular. A través de tales disciplinas podría fijarse un modelo territorial que tuviera en cuenta el lugar más apropiado para la ubicación de los puertos, que coordinara las piezas que conforman el conjunto del sistema y que enfocara su desarrollo de forma integrada con los espacios contiguos a las zonas de servicio. Este hipotético modelo se vé condicionado sin embargo por las facultades inherentes al ejercicio de las competencias portuarias que corresponden al Estado y a las CCAA, y por las exigencias derivadas del desarrollo rentable, eficaz y sin obstáculos del tráfico portuario. Nos encontramos por tanto ante una concurrencia de competencias portuarias y urbanísticas en la zona de servicio de los puertos y en otros espacios litorales, de difícil solución. Ante esta tesitura, esta tesis trata de vislumbrar el marco jurídico a través del cual puede alcanzarse la ordenación urbanístico-portuaria más perfecta posible, que armonice la máxima eficacia en la explotación portuaria con una adecuada estructura espacial, que procure la protección del medio ambiente y una relación satisfactoria entre el sistema portuario y sus ámbitos más cercanos. Este objetivo podría alcanzarse a través de la ejecución conjunta de proyectos de integración puerto-ciudad; de las determinaciones contenidas en instrumentos de planeamiento urbanístico y territorial elaborados y tramitados de forma consensuada; de la adaptación a las mismas de los proyectos de obras; de la substitución de la licencia de obras por un informe municipal; y, en general, a través de la mutua cooperación entre las administraciones implicadas en la adopación de las respectivas decisiones que producen consecuencias espaciales o ambientales en los ámbitos ajenos.

Autor: PUNZON MORALEDA JESUS.
Año: 1997.
Universidad: CASTILLA-LA MANCHA.
Centro de lectura: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES .
Centro de realización: DEPARTAMENTO: DERECHO ADMINISTRATIVO.

Resumen: La tesis se centra en estudiar, en el ámbito comunitario, la responsabilidad extracontractual de las Instituciones Comunitarias y de sus agentes en el ejercicio de sus funciones según el párrafo 2 el artículo 215 del T. CE. Según el orden del contenido de la obra, en el Cap. I se estudia la repercusión de los principios generales de los Estados miembros, tanto los vinculados a los sistemas de responsabilidad de los Estados miembros como los recogidos en las sentencias del TJCE en la materia estudiada. En el Cap. II, se analiza la autonomía del recurso respecto de los de omisión y anulación. En el Cap. III, se examinan los requisitos que conforman la acción de indemnización. En el Cap. IV, se investigó como punto central, la concurrencia de responsabilidad entre los ordenamientos comunitarios y de los Estados miembros. Por fin, en el Cap. V, se abordó la situación intraestatal en España desde el punto de vista de a quien corresponde la ejecución del Derecho comunitario para salvaguardar su responsabilidad ante el TJCE.

Autor: RODRIGUEZ PERALES OSCAR ANTONIO.
Año: 1997.
Universidad: NAVARRA.
Centro de lectura: DERECHO CANONICO.

Resumen: En este estudio nos interesa resaltar la constitucionalización explícita del derecho a la educación, los contenidos básicos que de ello derivan y su aplicación, así como señalar la omisión de la constitucionalización de la libertad de enseñanza. En el primer capítulo presentamos el marco histórico de referencia en que exponemos la actual situación de las relaciones Iglesia-Estado, materia con la que está muy implicado el artículo 3 constitucional. Además exponemos la evolución histórica legislativa de ese precepto. El capítulo II contiene la cuarta reforma constitucional, en que sobresale la definición de la educación pública como laica, límite señalado por las reformas constitucionales en materia religiosa. En el restante contenido del capítulo II exponemos los debates parlamentarios de modo sistemático de la última reforma del artículo 3 constitucional, la de 1993. El último capítulo incluye la respectiva ley reglamentaria, con una breve presentación histórica de las anteriores leyes de educación, su vinculación a cada reforma del artículo tercero constitucional, los debates parlamentarios que llevaron a definir la actual Ley General de Educación, así como su aprobación y aplicación. En la parte final del capítulo presentamos algunas reflexiones sobre ciertos aspectos del contenido y el espíritu de la Ley, que concretan el derecho a la educación, y que son criterios que muestran la apertura de las autoridades educativas para realizar una próxima definición de la libertad de enseñanza en México.

Autor: RODRIGUEZ SANCHEZ AGUSTIN ANDRES.
Año: 1997.
Universidad: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.
Centro de lectura: CIENCIAS JURIDICAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: CIENCIAS JURIDICAS BASICAS PROGRAMA DE DOCTORADO: DERECHO PROCESAL COMUNITARIO.

Resumen: Recientemente, se ha aprobado en Canarias, una Ley para la supresión de barreras físicas y de la comunicación (Ley 8/95, de 6 de abril), sin embargo aunque tenga la apariencia de novedad, en la práctica sólo intenta suplir los vacios legales que existen dentro de la normativa estatal y que tiene sus puntos de partida en el artículo 49 de la Constitución, y la posterior Ley de Integración Social de los Minusválidos o L.I.S.M.I. de 1982, que prevé, entre otras actuaciones, la supresión de dichas barreras, para lograr dicha integración. Así, el presente estudio se centra en el análisis de la normativa para la supresión de barreras físicas y de la comunicación, para que esa integración sea posible en todos los ámbitos, eliminando para ello este tipo de obstáculos, de tal manera que se realizan 5 bloques, de carácter complementario, que son los siguientes: 1) Se aborda la normativa vigente, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico, haciéndo una cuádruple clasificación atendiendo a diversos criterios establecidos. Lo importante de este bloque es la exposición del tratamiento legislativo que se le ha dado a esta materia, aprovechando esta ocasión, para estudiar las Comunidades Autónomas más avanzadas junto a la de Canarias. 2) Este bloque se refiere a la normativa comunitaria, pudiéndo establecer una correlación entre las medidas de supresión y la consecución de unos objetivos fijados, que cada vez deben ser mayores. Igualmente establece lo que en los próximos años van a ser otro tipo de barreras, para los cuales no basta sólo la regulación jurídica, sino también una serie de medidas complementarias. 3) Este bloque alude al establecimiento del concepto y clases de minusvalía o minusválido, así como de las barreras, pudiendo ver su evolución en los diferentes ámbitos, también se alude al fundamento de esta materia como causa que hace surgir la actuación de la Administración. 4) Se expone los modos de manifestarse las barreras físicas y de la comunicación, así como los medios técnicos para su supresión, recogidos tras un análisis detallado de toda la normativa vigente e investigación de las experiencias realizadas en esta materia, complementada con gráficos y fotos de cada concepto. 5) Por último se establece la necesidad de que la regulación jurídica contempla junto a medidas de carácter técnico, la obligación de realizar campañas de información dirigidas a toda la sociedad.

Autor: RUIZ VIEYTEZ EDUARDO JAVIER.
Año: 1997.
Universidad: DEUSTO.
Centro de lectura: DERECHO.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: DERECHO PROGRAMA DE DOCTORADO: DERECHO.

Resumen: La presente tesis estudia el estatuto jurídico básico del extranjero en el ordenamiento español. Específicamente, se trata en ella de dar respuesta a los interrogantes que se plantean en la aplicación práctica del Derecho de extranjería sobre el status jurídico que corresponde a un extranjero presente en el territorio español en un momento dado. La regulación que al efecto dispone el Derecho de extranjería vigente, básicamente concentrada en el título segundo de la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España, no explicita ni la solución jurídica que deba darse a situaciones en las que la validez de las autorizaciones de permanencia en España está en entredicho ni la correspondencia exacta de dichas autorizaciones con las situaciones jurídicas previstas en la misma ley. En este trabajo se procura responder a estas cuestiones partiendo de la posición jurídica genérica del extranjero y de las normas que regulan su permanencia en España. Del análisis de ambos temas, se deduce un sistema cerrado de status o situaciones jurídicas básicas que afectan a los extranjeros que permanecen en el territorio estatal. Este sistema se vertebra a través del que denominamos principio de categorización y permite delimitar en cada momento un status o categoría jurídica para cada extranjero según su situación documental o procesal. Las categorías o estatutos jurídicos que se identifican en este cuerpo normativo son tres, a saber, ilegalidad, estancia y residencia. Cada una de ellas difiere de las otras en cuanto a contenidos básicos. La adscripción de las diferentes hipótesis de hecho en que pueden hallarse los extranjeros en España a alguna de las tres categorías precitadas exige también un esfuerzo de sistematización a aquéllas. Finalmente, puede contrastarse el esquema propuesto buscando las posibles disfunciones que afectan al mismo en su aplicación. Sin embargo, no se encuentran elementos prácticos que cuestionen seriamente la operatividad de esta categorización que subyace al Derecho español de extranjería.

Autor: SANCHEZ LAMELAS ANA.
Año: 1997.
Universidad: CANTABRIA .
Centro de lectura: DERECHO.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: DERECHO PUBLICO PROGRAMA DE DOCTORADO: DERECHO PUBLICO.

Resumen: En la memoria de tesis doctoral se analiza el regimen juridico a que se somete el sector pesquero español. Se trata de averiguar cuales son los principios y las reglas que en el ordenamiento español presiden todo el ciclo economico-productivo en que se desenvuelve el sector pesquero. Desde la construcción del buque, hasta la realización de la actividad pesquera y su vigilancia o control. Para ello la investigación se divide en tres grandes apartados: uno en donde se analiza el sistema de distribución de competencias, la organización y los titulos constitucionales que afectan a la pesca maritima; otro segundo relativo a la ordenación de la flota pesquera española, y otro tercero sobre la actividad extractiva, el modo de realizarla y su vigilancia.

Autor: SANCHEZ MARIN RUFINA CARMEN.
Año: 1997.
Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID.
Centro de lectura: DERECHO.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: DERECHO ADMINISTRATIVO PROGRAMA DE DOCTORADO: PROBLEMAS ACTUALES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO.

Resumen: Se analizan la Asistencia y los Servicios sociales desde el Derecho Administrativo para concluir que constituyen dos regímenes jurídicos básicos de los servicios públicos de protección social, que coexisten con un tercero, la Previsión social. Cada uno de ellos tiene unos rasgos específicos de relevancia institucional que revela la coherencia interna de cada técnica de protección, sin perjuicio de que los tres coexistan en sistemas complejos como la Seguridad social, e incluso que admitan combinaciones que dan lugar a prestaciones sociales complejas y mixtas. Este novedoso planteamiento puede clarificar la extraordinaria confusión existente en la actualidad en el ámbito de las actividades administrativas de protección social, así como el alcance de la distribución de competencias entre Estado, Comunidades Autónomas y Entes locales en esta materia.

Autor: VALRIBERAS SANZ ANGEL.
Año: 1997.
Universidad: SALAMANCA .
Centro de lectura: DERECHO.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: DERECHO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y PROCESAL.

Resumen: El trabajo realiza un análisis exhaustivo sobre el Cuerpo Nacional de Policía en todos sus aspectos, partiendo del estudio de su historia regulación constitucional de la seguridad pública y de la distribución de competencias en la materia.

Autor: VARGAS JIMENEZ LUIS EDUARDO.
Año: 1997.
Universidad: ALCALA .
Centro de lectura: DERECHO.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: DERECHO PUBLICO PROGRAMA DE DOCTORADO: EL ORDENAMIENTO JURIDICO DESDE LA PERSPECTIVA DEL DERECHO PUBLICO..

Resumen: La Tesis trata de las garantías patrimoniales en la expropiación ordinaria. En ella se analiza la indemnización como principal garantía que tiene el expropiado, la cual junto con los intereses por demora en la fijación del justiprecio y el premio de afección, configuran la garantía señalada. Por otra parte se analiza el pago de la indemnización, sus modalidades, etc., así como el pago de intereses por demora. En relación con la valoración se estudian las diversas modalidades y con referencia a la tierra en nueva ubicación bajo las reglas de valoración que contiene la Ley del Suelo. La retasación es otro tema que se analiza dentro de las garantías patrimoniales del proceso expropiatorio ordinario en relación con los procesos de devaluación monetaria e inestabilidad de precios. Por último se entra a la reversión como última garantía de la expropiación. Se trata su naturaleza jurídica y la discusión sobre su linaje jurídico. Se concluye en el sentido de que en España el expropiado cuenta con buenas garantías que le aseguran al menos teóricamente una indemnización justa, que los años de vigencia de la LEF hacen ver la necesidad de mejorar algunos aspectos para consolidar ese haz de garantías.